Aprobada la Directiva que obliga a incorporar canales de denuncia en las empresas de 50 o más trabajadores.

El Consejo de la UE ha aprobado la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ‘whistleblowing’ (denuncia de irregularidades), pendiente de publicar en el Diario Oficial de la UE y que deberá ser traspuesta en los Estados miembros en dos años.

Una de las medidas principales es la obligación de incorporar canales de denuncia y de seguimiento de las mismas en empresas de 50 o más trabajadores —o aquellas que sean requeridas debido a su actividad y el correspondiente nivel de riesgo (en particular, para el medio ambiente y la salud pública)—.

La UE apuesta por la creación de canales de denuncia seguros en los ámbitos público y privado y por garantizar la protección de los denunciantes o informantes de prácticas irregulares en el seno de las organizaciones en las que prestan servicios.

La directiva recoge el contenido mínimo de los procedimientos de denuncia interna y seguimiento. Los posibles denunciantes no sólo son los trabajadores de las empresas, sino también cualquier otra persona que tenga acceso a determinada información en el contexto de sus actividades laborales: socios, contratistas, autónomos, administradores, etc.

En cualquier caso, todo denunciante que sufra cualquier tipo de represalia debe tener la posibilidad de denunciarlo y ser resarcido, de conformidad con el Derecho nacional de cada Estado miembro.

En este sentido, también el art. 24.3 LOPDGDD, sobre sistemas de información de denuncias internas, conmina a las empresas: “Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado.”

Dentro de las fórmulas para el resarcimiento se encuentran: la readmisión en caso de despido, la reposición a las condiciones laborales anteriores, las indemnizaciones por pérdidas de salario o ingresos, o las compensaciones de daños y perjuicios de cualquier tipo, incluidos morales.